¿Está el escándalo Huawei España reescribiendo la justicia en la sombra? El escándalo Huawei España y el riesgo de entregar la verdad al enemigo
Estamos en agosto de 2025 en Madrid y el escándalo Huawei España es la comidilla en despachos, cafés y pasillos judiciales. Afuera, el calor derrite aceras, pero dentro, en el corazón de la política y la justicia, se cocina algo mucho más inflamable: el archivo más delicado de la nación, las grabaciones judiciales, ha sido confiado a una empresa que, según la ley de su país de origen, debe colaborar con sus servicios de inteligencia. Soberanía judicial, lo llaman algunos. Yo lo llamo dejar las llaves de tu caja fuerte en manos de quien ha jurado entregarlas a otro.
La paradoja es tan grotesca que parece inventada: España excluye poco a poco a Huawei del 5G por motivos de seguridad nacional, pero a la vez le concede el privilegio de custodiar las conversaciones que pueden decidir el destino de políticos, empresarios y hasta presidentes. Y no hablamos de audios triviales, sino de material capaz de hundir carreras, desvelar operaciones secretas o alterar juicios históricos. “Es como invitar al lobo a vigilar el gallinero y darle un juego extra de llaves”.
El archivo más sensible del Estado en manos de Huawei China
El contrato que ha encendido la mecha es con el sistema SITEL: interceptaciones telefónicas judiciales guardadas en servidores Huawei OceanStor 6800V5. Ahí están las voces interceptadas por Policía, Guardia Civil y CNI. Y, si uno se deja llevar por las sombras de la geopolítica tecnológica, también podría estar la tentación de manipular esos audios con la misma facilidad con la que se edita una foto en un móvil.
Porque la tecnología ya lo permite. Hoy basta medio minuto de una voz real para que un algoritmo genere horas de discurso falso e indistinguible del original. IBM Security demostró que con apenas tres segundos es posible clonar una voz para alterar conversaciones en directo. Si un sistema así controla el archivo de pruebas judiciales, ¿qué nos asegura que una frase grabada hoy no aparezca mañana diciendo algo diferente, sin que nadie pueda detectarlo?
Aquí aparece la amenaza invisible: la manipulación de pruebas con inteligencia artificial. Los peritos dirán que todo deja rastro, pero lo cierto es que los rastros se pueden borrar, disimular o incluso falsear desde el origen. Ya lo hemos visto: imputados alegando “no es mi voz” ante grabaciones comprometedoras, y jueces abriendo la puerta a esa posibilidad como defensa. El día que la voz de un acusado se pueda fabricar con precisión quirúrgica, la noción misma de verdad procesal se tambalea.
Las viejas conexiones y las puertas giratorias de siempre
Detrás del ruido técnico, late un viejo aroma a puertas giratorias y amistades estratégicas. La historia empieza en 2004, con la primera adjudicación a Huawei bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, el hilo ha ido tejiendo relaciones que huelen a pasillos alfombrados y despachos en penumbra.
Un detalle nada menor: el actual jefe de seguridad de Huawei España, Segundo Martínez, fue jefe de seguridad en La Moncloa durante los años de Zapatero. A eso súmenle que en 2021, mientras Huawei contrataba a Víctor de Aldama por 12.000 euros mensuales, la empresa de las hijas de Zapatero cerraba un acuerdo con la misma multinacional. Coincidencias, lo llaman algunos; otros prefieren la palabra “coreografía”.
Y por si el guion necesitara más intriga, ahí está la consultora Acento, de José Blanco y Antonio Hernando, gestionando los intereses de Huawei en Europa. Hernando, que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en Moncloa, hoy ocupa la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. El círculo se cierra como en esas novelas donde uno sabe que todos los personajes cenan en el mismo restaurante aunque lo nieguen en público.
“En política, las casualidades son como las tormentas de agosto: raras veces llegan sin aviso”.
Huawei, leyes chinas y una geopolítica incómoda
El problema con Huawei no es solo la sospecha, es la ley. Cinco normas chinas —entre ellas la de Inteligencia Nacional— obligan a cualquier empresa a colaborar con los servicios secretos. No es opcional. El artículo 7 lo dice sin ambigüedades: “Todas las organizaciones y ciudadanos apoyarán, asistirán y cooperarán con los esfuerzos de inteligencia nacional”. Quien crea que una filial en España está exenta, o no entiende China o no quiere entenderla.
En este contexto, otros países occidentales han vetado a Huawei de sus redes y sistemas críticos: Alemania, Francia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. España, en cambio, ha ido en dirección contraria, lo que ha provocado un gesto histórico: Washington ha suspendido el intercambio de inteligencia con Madrid. En diplomacia, eso es equivalente a que un socio de décadas te quite la llave de su casa y cambie la cerradura.
Eurodiputados como Bart Groothuis y Alexandra Geese han calificado la decisión como “un gran error” que deja a España expuesta al espionaje más sofisticado del planeta. Y mientras tanto, en Moncloa, se insiste en que “la seguridad está garantizada”.
Alternativas hay, pero cuestan más
El argumento que justifica la adjudicación a Huawei es que su oferta era un 18% más barata que la de competidores europeos como Dell o NetApp. Pero el precio es una ilusión si el coste real es la pérdida de soberanía judicial y el aislamiento internacional. Existen opciones seguras dentro de Europa: Internxt en España, pCloud en Luxemburgo, Hivenet en el ámbito continental. Todos con cifrado extremo a extremo y bajo el paraguas del GDPR.
La Comisión Europea, de hecho, trabaja en una cláusula “Buy European” para blindar los contratos sensibles. Pero aquí hemos preferido el descuento inmediato al blindaje estratégico. Y como dice el refrán: lo barato sale caro, y a veces, carísimo.
La distopía que ya vivimos
Este caso es, en esencia, un capítulo de ciencia ficción convertido en boletín oficial. En los ochenta, William Gibson imaginaba megacorporaciones infiltradas en el corazón de las democracias. Hoy no necesitamos hackers románticos ni justicieros digitales: los propios gobiernos entregan voluntariamente sus datos más sensibles a quien, por ley, debe reportar a otro Estado.
La pregunta es cuánto tardaremos en reaccionar. Si esperamos a que un caso judicial se desplome por una prueba manipulada, será tarde. La tecnología para alterar el relato ya está aquí. Lo único que falta es la voluntad —o la orden— para usarla.
“En un mundo donde la información es poder, perder el control de los datos es perder el futuro”.
Como comunicador que ha visto demasiadas tramas empezar como chismes de pasillo y acabar en portadas, sé que este escándalo no se resolverá con comunicados tibios. La cuestión no es si España puede romper el contrato con Huawei. La cuestión es si puede permitirse no hacerlo. Porque el día que no podamos distinguir entre una prueba real y una fabricada, no solo habremos perdido un juicio: habremos perdido el país.
Entonces, la pregunta que queda flotando es inquietante: ¿cuántas de nuestras verdades más sólidas ya han sido reescritas sin que lo sepamos?
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