GUERRA EEUU IRÁN 2026: El reactor que nunca se apagó

Cuarenta años después de Chernóbil, el mundo vuelve a depender del átomo y del petróleo al mismo tiempo. En medio, un estrecho bloqueado, un FMI en modo catástrofe y unas elecciones palestinas que casi nadie vio.

El día que cambió Oriente Medio

La madrugada del 28 de febrero de 2026, a las 01:15 horas locales, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos activó la Operación Epic Fury. Las aviaciones de Washington y Tel Aviv lanzaron de forma coordinada una campaña de bombardeos masivos sobre Irán —más de 5.000 objetivos atacados en los primeros días— con un objetivo que la Casa Blanca describió como «garantizar que Irán no consiga el arma nuclear». En el primer ataque murió el líder supremo Ali Jamenei, junto a su esposa y una nieta de catorce meses. La plana mayor del régimen de los ayatolás quedó parcialmente decapitada en las primeras horas.

Irán respondió de la única manera en que podía hacerlo sin capacidad para atacar el territorio estadounidense directamente: cerró el Estrecho de Ormuz. Por esa angostura de apenas 54 kilómetros en su punto más estrecho transita cerca del 20% del suministro global de petróleo y gas. El gesto fue letal en términos económicos. Los precios del crudo se dispararon esa misma semana, el Brent superó los 100 dólares por barril por primera vez desde 2022, y los mercados europeos experimentaron su peor semana desde la invasión rusa de Ucrania.

Desde entonces, el conflicto lleva dos meses activos, con un saldo de al menos 13 militares estadounidenses muertos y 365 heridos, miles de bajas civiles iraníes, y una economía global en suspenso a la espera de que alguien cierre el grifo de la guerra antes de que este verano se convierta en algo peor.

¿Cuándo va a terminar esto?

La respuesta honesta es: nadie lo sabe con certeza. La respuesta política es que tampoco nadie tiene verdadero interés en cerrar el conflicto en un plazo corto, aunque ambas partes finjan lo contrario.

Tras más de cuarenta días de guerra abierta, entre el 7 y el 8 de abril se anunció un alto el fuego de dos semanas negociado in extremis por Pakistán. Trump lo proclamó en Truth Social pocas horas antes de que expirara su propio ultimátum, con el que había amenazado con «destruir la civilización iraní». El acuerdo establecía la suspensión de los ataques directos durante dos semanas y el compromiso iraní de reabrir el Estrecho «de forma inmediata y segura». Ninguna de las dos condiciones se cumplió de manera efectiva.

Las negociaciones en Islamabad, lideradas por el vicepresidente J. D. Vance, Steve Witkoff y Jared Kushner, llegaron a un punto muerto en la segunda semana de abril. Irán considera «inaceptables» las exigencias de Washington, que incluyen una «confirmación afirmativa» de que Teherán renunciará para siempre al armamento nuclear. El canciller iraní Abbas Araqchi presentó el 26 de abril lo que calificó como un «marco viable» para poner fin al conflicto durante su visita a Islamabad, pero abandonó la ciudad antes de que llegaran los enviados estadounidenses. Trump, por su parte, canceló el desplazamiento de su delegación ese mismo día.

El 21 de abril, el presidente estadounidense prorrogó unilateralmente el alto el fuego, declarando que «ha ordenado que siga el bloqueo y prolongará el alto el fuego hasta que concluyan las negociaciones». Una frase que encierra la contradicción de fondo: el bloqueo naval de puertos iraníes que Washington impuso el 13 de abril —un acto que Teherán califica de «violación directa del propio alto el fuego»— sigue activo mientras se negocian las condiciones para terminar la guerra. Es decir, EEUU bombardea la economía iraní con el bloqueo mientras pide a Irán que abra Ormuz como muestra de buena fe.

A finales de abril, el panorama diplomático es el de dos partes que se miden desde la desconfianza mutua, con Pakistán y Omán como intermediarios y con Europa ejerciendo de espectador inquieto. El Parlamento iraní admitía el 18 de abril que las negociaciones registran «avances» pero que un acuerdo final «continúa lejos». La probabilidad de una resolución antes del verano es baja según todos los análisis disponibles; la probabilidad de una escalada adicional, no es descartable.

Por qué sigue cerrado el Estrecho de Ormuz

Porque Ormuz es el único activo estratégico que le queda a Irán.

El 28 de febrero, en cuestión de horas, el ejército iraní perdió su marina, su fuerza aérea y buena parte de su infraestructura de mando. Trump llegó a afirmar que EEUU ha destruido «completamente al ejército de Irán». Sin capacidad militar convencional, Teherán convirtió el estrecho en su única moneda de cambio: si el petróleo no fluye, el mundo negocia.

El resultado ha sido un colapso logístico sin precedentes. A principios de abril, más de 1.000 barcos esperaban para cruzar Ormuz y más de 800 cargueros permanecían atrapados dentro del Golfo Pérsico intentando salir. Mientras en tiempos normales transitan 135 barcos al día, en los días posteriores al alto el fuego apenas cruzaron siete embarcaciones en varios días, y solo tres entraron. Irán impuso peajes de hasta dos millones de dólares por tránsito, lo cual no es una reapertura sino una extorsión formalizada.

El 13 de abril, la Marina de EEUU anunció el inicio de operaciones de desminado en el estrecho, desplegando dos destructores y drones submarinos. Pero las navieras internacionales y las aseguradoras, que son quienes en la práctica autorizan o paralizan el tráfico marítimo comercial, siguen sin dar el paso. Maersk, la mayor compañía naviera del mundo, advirtió de que la tregua «puede crear oportunidades, pero no implica seguridad real». Sin seguro, no hay navegación. Sin navegación, no hay petróleo.

A finales de abril, un funcionario iraní afirmó que el estrecho «bajo ninguna circunstancia» volverá a su estado anterior. Trump respondió exigiendo en una llamada con el primer ministro británico Keir Starmer «la necesidad urgente de reactivar el tránsito marítimo». El Brent cotizaba el 27 de abril por encima de 108 dólares, y los mercados descuentan que cualquier nuevo conato de negociación fracasada lo empujará por encima de los 120.

España en el ojo del huracán energético

El impacto de la guerra en el bolsillo español es directo, mensurable e inmediato. En apenas nueve días desde el inicio del conflicto, el precio del diésel subió 28 céntimos por litro y la gasolina 15 céntimos. A mediados de marzo, el precio de la gasolina 95 se situaba en 1,605 euros/litro y el diésel en 1,638 euros/litro en muchas estaciones, con algunas rozando los dos euros. Los fertilizantes —críticos para la agricultura— se encarecieron entre un 40 y un 50%.

El sistema eléctrico español sufrió el efecto con igual o mayor virulencia. El precio mayorista de la electricidad pasó de 14,5 euros/MWh el 28 de febrero a 119,42 euros/MWh apenas días después, llegando a alcanzar los 136 euros/MWh en su pico más alto, el nivel más elevado desde 2022. En algunas franjas horarias el coste rozó los 200 euros/MWh. El Gobierno aprobó un paquete de medidas de emergencia centrado en la rebaja del IVA y los impuestos de hidrocarburos, lo que contuvo parcialmente la escalada al consumidor final, pero no resuelve la causa estructural: España depende todavía del gas —que en parte llega de la región afectada o se cotiza en mercados globales ligados al GNL de Qatar— para una parte significativa de su generación eléctrica.

El BCE ya reconoció desde el primer momento que el conflicto subirá la inflación a corto plazo y que el impacto «dependerá de la duración y la magnitud del conflicto». En el escenario adverso contemplado por el FMI, el Banco Central Europeo podría verse forzado a subir tipos en 50 puntos básicos a lo largo de 2026, lo que volvería a encarecer hipotecas y crédito al consumo en un momento en el que la zona euro ya crece al raquítico 1,3% anual.

El FMI: la tecnocracia ante la desnudez del sistema

Antes de la guerra, el Fondo Monetario Internacional proyectaba un crecimiento global del 3,3% para 2026, revisado al alza dos décimas respecto a octubre de 2024, impulsado por la inversión en inteligencia artificial y la estabilización arancelaria entre EEUU y China. España, en ese escenario previo, crecería un 2,3%. Era un cuadro macroeconómico limpio, casi optimista.

La guerra lo rompió. El informe World Economic Outlook de abril de 2026 —el más relevante que publica el FMI— arranca con una frase que resume la situación: «Una vez más, la economía mundial corre el riesgo de desestabilizarse, esta vez debido al estallido de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero de 2026». El organismo revisó su previsión de crecimiento para 2026 a la baja hasta el 3,1%, y elevó la inflación mundial prevista hasta el 4,4%. En enero, sin guerra, los modelos habrían apuntado a un 3,4%: la diferencia, 0,3 puntos porcentuales, es imputable casi en su totalidad al conflicto.

Pero el FMI no presenta una sola cifra, sino tres escenarios. El primero —el «pronóstico de referencia»— asume que la guerra se resuelve a mediados de 2026 y el mundo crece al 3,1%. El segundo, el escenario «desfavorable», contempla que los precios de la energía sigan altos más tiempo: crecimiento del 2,5% e inflación del 5,4%. El tercero, el escenario «grave», con daños adicionales en infraestructura energética regional: crecimiento del 2% e inflación por encima del 6%. En ese tercer escenario, el FMI utiliza las palabras «riesgo cercano a una recesión global», advirtiendo que un crecimiento por debajo del 2% solo se ha registrado cuatro veces desde 1980, las dos últimas en la crisis financiera de 2008 y la pandemia de 2020.

La economía iraní pasó de proyectar un crecimiento del 1,1% a contraerse un 6,1%. Irak y Qatar, dos grandes exportadores dependientes de Ormuz, se contraerían entre el 7 y el 9%. Oriente Medio y Asia Central crecerán dos puntos porcentuales menos de lo previsto incluso en el escenario más optimista. Son los más castigados por un conflicto que, en último término, defiende el derecho de EEUU e Israel a decidir quién puede y quién no puede tener capacidad nuclear en la región.

Lo que el FMI llama con neutralidad tecnocrática «perturbaciones en los mercados de materias primas» significa, en la práctica, que decenas de millones de personas en países emergentes ya están pagando más por la comida, el transporte y la energía a causa de una guerra que no han votado y en la que no tienen representación.

¿Van a seguir subiendo los precios?

Depende, como siempre, de cuánto dure. Pero hay razones estructurales para el pesimismo.

El 10% de subida en el precio del petróleo que se mantenga de forma persistente equivale, según los propios modelos del FMI, a un incremento de 40 puntos básicos en la inflación global y una caída de la producción de entre el 0,1 y el 0,2%. El Brent lleva dos meses cotizando entre 95 y 123 dólares —frente a los 66 dólares previos al conflicto—, lo que representa una subida acumulada superior al 60%. Con ese diferencial mantenido, los modelos de transmisión apuntan a una inflación estructuralmente más alta durante al menos 12-18 meses, independientemente de cuándo se firme un acuerdo.

En España, el riesgo principal es la convergencia de tres vectores simultáneos: el encarecimiento de la energía, el alza del euríbor si el BCE sube tipos, y la pérdida de competitividad de sectores como la agricultura y la industria por el aumento de los costes de transporte y fertilizantes. El transporte de mercancías ya alerta de un traslado de costes al precio de los alimentos que, de materializarse plenamente, sumaría varios puntos de inflación adicional en el segundo semestre.

Las urnas en ruinas: elecciones palestinas bajo ocupación

El 25 de abril de 2026, los palestinos votaron por primera vez en veinte años en unas elecciones locales que la mayoría del mundo apenas observó, absorbido por la guerra iraní. En Cisjordania, bajo ocupación israelí, estaban registrados para votar cerca de 1,5 millones de personas. En Deir al-Balah, la única localidad de Gaza no controlada militarmente por el Ejército israelí —que ocupa más de la mitad del enclave y ha destruido o dañado el 80% de sus edificios—, el censo era de 70.000 personas.

El resultado en términos de participación fue elocuente: en Cisjordania rondó el 40-50%, pero en Gaza apenas alcanzó el 21,2%, casi la mitad que en Cisjordania. La mayoría de los candidatos se vinculaban a Fatah, el partido del presidente Mahmud Abás, o se presentaron como independientes. Hamás no participó oficialmente —sigue clasificado como organización terrorista por EEUU, Israel y la UE—, aunque fue su aquiescencia la que hizo posibles los comicios: el movimiento islamista, que todavía gobierna de facto en buena parte de Gaza, aceptó entregar el poder civil en el marco del alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

El presidente Abás habló de «victoria» por el mero hecho de que las elecciones se celebraran. Algunos ciudadanos palestinos fueron más descarnados. Mohammed Badr declaró a Euronews: «Que los candidatos sean independientes o partidistas no supone ninguna diferencia. Israel es quien gobierna. Es sólo una imagen que se presenta a los medios internacionales como si tuviéramos elecciones, un Estado o independencia». No son elecciones parlamentarias —las últimas fueron en 2006— sino municipales, convocadas en un contexto donde el ejército de ocupación controla el terreno y el resultado no altera el statu quo de fondo.

La paradoja es que estas primeras elecciones en dos décadas se celebran mientras la atención internacional está puesta en el estrecho de Ormuz. Gaza vota en una localidad que no está bombardeada porque las demás están ocupadas o destruidas. Es, con toda su crudeza, la fotosíntesis política del conflicto: el proceso democrático como decorado de una situación que lo niega en sus fundamentos.

Chernóbil, cuarenta años: el reactor que cambió de nombre

El 26 de abril de 1986, a las 01:23 horas, el reactor número 4 de la central de Chernóbil explotó durante una prueba de seguridad. Fue, en términos técnicos, la consecuencia de un fallo de diseño del reactor RBMK combinado con errores humanos sistemáticos. En términos políticos, fue la grieta que empezó a desmontar la Unión Soviética: el aparato de Moscú tardó días en reconocer el accidente mientras la nube radiactiva ya contaminaba tres cuartas partes de Europa. Más de 600.000 técnicos, militares, bomberos y médicos —los llamados «liquidadores»— intervinieron para contener el desastre.

Cuarenta años después, las conmemoraciones del 26 de abril de 2026 se celebraron bajo una doble sombra. En Kiev, el presidente Zelenski encendió una vela ante las ruinas simbólicas del desastre mientras el país lleva más de cuatro años en guerra. En Moscú, el director de Rosatom, Aleksei Likachev, celebró la memoria de los «héroes» que contuvieron el accidente y declaró que «la posibilidad de que ocurra un escenario como el de Chernóbil en los reactores nucleares rusos ha sido descartada». En Slavutych —la ciudad construida en 1986 para alojar a los desplazados de la catástrofe—, participantes vestidos con trajes de protección colocaron velas ante el monumento a las víctimas. Una vecina de la ciudad, bloguera, expresó lo que muchos en Ucrania sienten: «Sí, vivimos en un estado de guerra y eso no es motivo para olvidar la catástrofe».

Un dron ruso atacó el sarcófago del reactor dañado en 2025, según un nuevo estudio de Greenpeace Ucrania presentado en el aniversario. El riesgo de una nueva catástrofe radiológica —no por accidente, sino por acción bélica deliberada— es uno de los escenarios que los analistas de seguridad nuclear ya no descartan.

El ángulo que los medios no cuentan: Chernóbil como espejo

Aquí está la clave interpretativa que ningún análisis convencional ha articulado de manera explícita: cuarenta años después de Chernóbil, el mundo vuelve a discutir la energía nuclear como si las lecciones de 1986 se hubieran metabolizado. Pero el debate no ha avanzado; solo ha cambiado de bando.

En plena crisis energética provocada por el bloqueo de Ormuz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una «garantía de 200 millones de euros para apoyar la inversión en tecnologías nucleares innovadoras» durante una cumbre en París. Afirmó que «fue un error estratégico que Europa diera la espalda a una fuente fiable y asequible de energía de bajas emisiones». Greenpeace España respondió exigiendo que el Gobierno cumpla el calendario de cierre nuclear y apueste por un sistema 100% renovable. Los ingenieros nucleares dicen que el riesgo de un nuevo Chernóbil es «muy bajo». Los ecologistas responden que más de seis millones de personas tomaron leche contaminada con isótopos radiactivos durante veinte años como consecuencia del accidente de 1986.

Lo que el aniversario expone, sin que nadie lo diga con esa claridad, es que el sistema energético global nunca procesó de verdad la lección de Chernóbil. Europa sustituyó el átomo por el gas ruso, y luego el gas ruso por el gas de Oriente Medio, y ahora ese gas está bloqueado en Ormuz. El reactor cambió de nombre varias veces —carbón, gas, GNL de Qatar—, pero la dependencia de una fuente única de energía concentrada en una sola región geopolíticamente inestable siguió siendo la misma. Chernóbil nos enseñó que los sistemas complejos concentrados fallan de forma catastrófica. Cuarenta años después, la economía global depende de que 135 barcos crucen sin problemas cada día por 54 kilómetros de mar entre Irán y la Península Arábiga.

El renacimiento nuclear que ahora promueven Von der Leyen y docenas de gobiernos —incluyendo los pequeños reactores modulares (SMR) que varios países están desarrollando— no es la superación de Chernóbil. Es la respuesta de la misma lógica de concentración y control técnico frente a una vulnerabilidad que se creó por esa misma lógica. El debate sobre si la energía nuclear es «segura» o «insegura» distrae de la pregunta más incómoda: ¿qué tipo de sistema de poder es el que decide qué países pueden tener qué tecnologías energéticas, y a qué precio?

El patrón que conecta todo

La guerra de EEUU e Irán, el bloqueo de Ormuz, las proyecciones del FMI y el aniversario de Chernóbil no son eventos separados que coinciden en el calendario. Son manifestaciones del mismo fenómeno: la fragilidad de un sistema global organizado alrededor de la concentración del poder energético, financiero y militar en muy pocas manos.

El FMI mide el daño económico de la guerra con la precisión de quien calcula pérdidas en una póliza de seguros, pero no hace preguntas sobre por qué el mundo sigue siendo tan dependiente de un corredor marítimo de 54 kilómetros. Las elecciones palestinas demuestran que es posible organizar una votación en medio de una ocupación, pero no que la democracia funcione cuando el soberano real es un ejército extranjero. Y Chernóbil, cuarenta años después, sigue ardiendo en el debate energético porque la pregunta de fondo —cómo organizar un sistema energético que no dependa de la amenaza mutua como mecanismo de estabilidad— nunca se ha respondido.

El Estrecho de Ormuz seguirá bloqueado, funcional o psicológicamente, mientras esa pregunta permanezca sin respuesta. El precio de la gasolina en España es, en cierto modo, la cuota que los consumidores pagan por ese aplazamiento colectivo.