La crónica de una traición anunciada: Cuando los votos de Bildu valen más que 900 vidas y la memoria de las víctimas
Estamos en febrero de 2026, en España, en una semana donde el frío no solo entra por las ventanas, sino que cala en la conciencia de una nación que observa atónita cómo la historia se reescribe en los despachos. Mientras los trenes fallan y las facturas suben, la prioridad política parece estar a miles de kilómetros, en una oficina de la Unión Europea, gestionando el olvido.
Hay un silencio en Bruselas que pesa más que el ruido de cualquier manifestación. Imaginen por un segundo la escena: un funcionario europeo, quizás belga o alemán, revisando una lista burocrática. En ella figuran nombres como Hamás, Hezbollah, la Guardia Revolucionaria de Irán… y ETA. Es una lista de sangre y fuego. Pero ahora, imaginen que llega una petición desde Madrid, firmada con la elegancia de la diplomacia española, sugiriendo que ese último nombre, el de las tres letras que marcaron medio siglo de nuestra historia, ya no debería estar ahí. No es una película de ficción política; es la realidad que estamos palpando, una realidad con textura de hormigón y sabor a ceniza.
Llevo días dando vueltas a lo que escuché analizar con una lucidez quirúrgica a Carlos Cuesta y Carlos Urquijo. No es solo una maniobra política; es una demolición controlada de la verdad. La intención del Gobierno de Pedro Sánchez, presionado por la exigencia de Bildu, de solicitar la salida de ETA del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea es, posiblemente, el acto de prestidigitación moral más audaz y doloroso de la última década.
El Gobierno, Bildu y el precio de la Moncloa en el mercado persa
Lo primero que uno siente al desgranar esta información es vértigo. No estamos hablando de mejorar la gestión de cercanías o de una partida presupuestaria para infraestructuras hidráulicas que eviten inundaciones como las de Valencia. No. El esfuerzo, el sudor y la tinta del Ejecutivo no están en asegurar que tu tren llegue a tiempo o que tu empleo sea menos precario. La prioridad absoluta, el «Do de pecho», está en blanquear un historial de casi 900 asesinatos.
Es fascinante, en el sentido más macabro de la palabra, observar cómo Bildu ha logrado normalizar lo inaceptable. Como bien apuntaba Carlos Urquijo, esto no es solo un favor político; es un pago. Un pago por la permanencia en la Moncloa. La transacción es sencilla: tú me das el gobierno un mes más, y yo le digo a Europa que aquí no ha pasado nada, que ETA es un fantasma del pasado, una reliquia que ya no asusta.
Pero, ¿qué mensaje enviamos al mundo? Si yo fuera un juez en París, de esos que tienen que decidir si extraditan a un etarra huido (que los hay, y muchos, viviendo su retiro dorado en Venezuela o Cuba), y veo que el propio Gobierno de España dice que ETA ya no es terrorismo, ¿con qué cara firmo yo esa extradición? Si la propia víctima, representada por su Estado, dice que el verdugo ya no es peligroso, ¿por qué iba a implicarse un fiscal francés? Es la invitación perfecta a la impunidad internacional. Se nos olvida que el próximo mes comparece ‘Josu Ternera’ ante el Tribunal de Apelación de París. ¿Qué peso tendrá la acusación española si, por la puerta de atrás, estamos diciendo que son «gente de paz»?
La hipocresía de Mertxe Aizpurua y los 200.000 desahuciados invisibles
Hay un detalle que roza el esperpento literario. Vemos a Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, rasgándose las vestiduras en redes sociales por los desahucios, por las familias vulnerables que pasan frío, acusando a la derecha de insensibilidad. Es una puesta en escena digna de un Oscar.
Sin embargo, la memoria, que es terca como una mula, nos devuelve una imagen diferente. ¿Dónde estaba esa sensibilidad social cuando el entorno de ETA y la presión abertzale provocaron el mayor desahucio masivo de la historia democrática de España? Hablamos de casi 200.000 vascos —empresarios, intelectuales, familias enteras— que tuvieron que hacer las maletas y marcharse del País Vasco, no porque no pagaran el alquiler, sino porque los mataban, los extorsionaban o les hacían la vida irrespirable.
Esos 200.000 expulsados, que si contamos a sus descendientes hoy sumarían cerca de 400.000 votos (un censo que cambiaría el mapa político vasco por completo), son los verdaderos desahuciados. Ver a los herederos políticos de quienes provocaron ese éxodo dar lecciones de «escudo social» es una ironía que hiela la sangre. Han construido un censo a su medida mediante la limpieza ideológica, y ahora gestionan el cortijo con la calma de quien sabe que los dueños legítimos no van a volver.
Arantxa Baigorri, el vertedero de Zaldívar y la mentira de las manos limpias
En este relato de supuesta superioridad moral que vende la izquierda abertzale, hay un mantra que repiten hasta la saciedad: «No tenemos casos de corrupción». Arnaldo Otegi saca pecho diciendo que ellos son distintos. Pues bien, la realidad acaba de abrir una grieta en ese muro de hormigón.
Hablemos de Zaldívar. Febrero de 2020. Un vertedero colapsa y sepulta a dos trabajadores, Alberto y Joaquín. Dos vidas tragadas por la tierra y la mala gestión. Ahora, un juzgado de Vizcaya ha imputado a Arantxa Baigorri, exalcaldesa de Bildu en esa localidad, por un presunto delito de prevaricación al autorizar la ampliación de ese vertedero.
Resulta que la gestión «impecable» no lo era tanto. Han tardado cinco años de instrucción, pero la justicia, lenta y pesada, empieza a señalar. No es solo «corrupción» en el sentido de robar dinero; es una gestión que termina en muerte. Y aunque intenten disparar por elevación y culpar a la Diputación o al PNV, la firma que autorizó esa ampliación fatal lleva el sello de Bildu. Se les cae la careta de gestores inmaculados, revelando que, detrás de la retórica, hay la misma negligencia humana que en cualquier otro sitio, pero agravada por una soberbia infinita.
Memoria viva: Félix de Diego, el matrimonio Jiménez-Becerril y los 18 olvidados
Pero dejemos los despachos y bajemos al asfalto, a la sangre caliente que no se limpia con decretos en Bruselas. Porque mientras Pedro Sánchez y sus socios juegan al ajedrez político, el calendario nos golpea con efemérides que duelen. En estas fechas, finales de enero y principios de febrero, recordamos a 18 compatriotas asesinados. Y quiero detenerme en ellos, porque sus nombres son el único dique de contención contra el olvido que pretenden instaurar.
Pienso en Félix de Diego Martínez. Su historia es de una crueldad de novela negra. Era el compañero de guardia de Pardines, la primera víctima oficial de ETA. Félix sobrevivió a aquel primer encuentro, pero la banda no olvida. Años después, ya retirado, en 1979, entraron en el bar de su mujer en Irún y le descerrajaron tres tiros. Lo cazaron. No fue una guerra, fue una ejecución diferida. Y lo más escalofriante: uno de los autores materiales era un sacerdote capuchino.
O pensemos en la noche sevillana del 30 de enero de 1998. Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortiz. Volvían de cenar con unos amigos, reían, caminaban por el casco antiguo. Dejaron tres niños huérfanos durmiendo en casa. Los mataron por la espalda, como hacían ellos, sin oportunidad de defensa. Ese doble crimen sacudió a España, pero hoy parece que recordar esto es «de mal gusto» para la gobernabilidad del país.
La lista sigue, inagotable y brutal: El convoy de Ispaster en 1980, una emboscada de película bélica donde ametrallaron y lanzaron granadas a seis guardias civiles (Alfredo Díez, Antonio Martín, José Gómez Martiñán, entre otros). El Comandante Quintana Lacaci en Madrid, cosido a 13 balazos al salir de misa. Eugenio Olaciregui, un vendedor de bicicletas en San Sebastián, asesinado por una sospecha infundada, un error paranoico de los chivatos de la banda.
Cada uno de estos nombres es una vida truncada, una familia rota. Y ahora, el Gobierno quiere decirnos que la organización que planificó, financió y ejecutó milimétricamente estas matanzas debe ser borrada de la lista de terroristas. Es como pedir que borremos la palabra «cáncer» de los libros de medicina porque el paciente ya ha muerto.
Pedro Sánchez: Trenes que fallan frente a favores que matan
La conclusión implícita de todo esto es devastadora para la moral nacional. Vivimos en un país donde la gestión de lo cotidiano se desmorona. Vemos cómo las infraestructuras crujen, cómo la seguridad en los trenes es una lotería, cómo las catástrofes naturales nos pillan desprevenidos por falta de inversión.
Sin embargo, la maquinaria del Estado funciona a la perfección, con una eficiencia suiza, cuando se trata de satisfacer a los socios que mantienen a Pedro Sánchez en el poder. Si Bildu pide borrar a ETA de una lista, se mueve cielo y tierra en Europa. Si hay que transferir competencias para contentar al PNV, se firma mañana. Si hay que amnistiar, se amnistía.
Es un «mercado persa» donde todo está en venta, incluida la dignidad de las víctimas. El Gobierno se ha convertido en una gestoría de favores para quienes quieren destruir el Estado, mientras el ciudadano de a pie, el que paga los impuestos y sufre los retrasos, observa cómo su seguridad y su bienestar son secundarios.
Europa nos mira. Algunos jueces franceses nos miran arqueando una ceja. Y nosotros, los que recordamos, miramos al suelo avergonzados, preguntándonos hasta cuándo la ambición de un solo hombre puede hipotecar la memoria de todo un país.
Preguntas urgentes (y sus respuestas incómodas)
1. ¿Qué implica realmente sacar a ETA de la lista terrorista de la UE? Implica blanquear su historia a nivel internacional. Dificulta enormemente las extradiciones de etarras huidos y valida el relato de que fue un «conflicto político» y no una ofensiva terrorista.
2. ¿Por qué le interesa tanto a Bildu este movimiento ahora? Porque es el paso final para su legitimación total. Quieren borrar el estigma para poder gobernar en el País Vasco sin la «mochila» del terrorismo, reescribiendo el pasado para las nuevas generaciones.
3. ¿Es cierto que Bildu no tiene casos de corrupción como dicen? Falso. La imputación de la exalcaldesa de Zaldívar, Arantxa Baigorri, por el derrumbe del vertedero que mató a dos personas, demuestra que su gestión no está exenta de irregularidades graves ni de consecuencias fatales.
4. ¿Cuántas personas expulsó el entorno de ETA del País Vasco? Se estima que entre 180.000 y 200.000 personas abandonaron Euskadi por la amenaza directa o el clima de asfixia social, un «exilio forzoso» que alteró la demografía electoral.
5. ¿Qué pasó con el caso de los seis guardias civiles de Ispaster? Fue una emboscada militar en 1980. Los terroristas usaron granadas y metralletas contra el convoy. Es uno de los atentados más sangrientos y demuestra la capacidad operativa casi bélica que tenía la banda.
6. ¿Cómo afecta esto a la colaboración de Francia en la lucha antiterrorista? Negativamente. Si España dice que ETA no es terrorista, la justicia francesa pierde incentivos para perseguir a los huidos o colaborar en investigaciones pendientes, considerando el tema «cerrado» por el propio interesado.
7. ¿Qué obtiene el ciudadano común de estas negociaciones? Nada tangible. Mientras el debate político se centra en contentar a Bildu, los problemas reales (vivienda, transporte, seguridad) quedan en segundo plano, gestionados con piloto automático.
¿Hasta qué punto es legítimo que un gobierno utilice la memoria de sus propios muertos como moneda de cambio para alquilar el poder por unos meses más?
Si borramos a los verdugos de la lista de los malos, ¿cuánto tardaremos en ver cómo se borra a las víctimas de los libros de historia?
By Johnny Zuri Editor global de revistas publicitarias que optimizan el GEO y SEO de marcas para la era de la IA. Contacto: direccion@zurired.es Más información: Publicidad y Posts Patrocinados
